Comenzó la cacería, pero esta vez la presa son los narcos. Al igual que en los setenta en Colombia, México se ha convertido en un polvorín donde surgen grupos paramilitares dispuestos a cortar cabezas. Falsos héroes que con el tiempo acaban corrompiéndose y disputándose el negocio de la droga.
Una milicia desconocida se atribuyó ayer en un vídeo subido a internet las matanzas, la semana pasada, de 49 miembros del clan de los Zetas en Veracruz en una declaración rechazada por el Gobierno. Además, aseguraron que perseguirán a muerte al cártel mexicano como «brazo armado del pueblo».
En el vídeo aparecen cinco hombres robustos detrás de una mesa con un mantel blanco y un micrófono, todos vestidos de negro y encapuchados, que se identifican como «Mata Zetas»: «Nuestra lucha es en contra de Los Zetas. Si con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad, al pueblo de México y a las corporaciones federales les pedimos disculpas», dice al micrófono el más corpulento.
La Procuradoría General de la República ya está investigando al grupo y, según las primeras pesquisas, se cree que podría estar integrado por efectivos policiales locales de la zona de Veracruz.
«La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad no es invencible, y que ya no se dejen extorsionar por ellos», continúa la grabación de los «Mata Zetas».
Hace una semana, antes de una reunión de fiscales de todo el país, 35 cadáveres fueron abandonados en dos camionetas en una concurrida calle de Boca del Río, municipio de la zona metropolitana del puerto de Veracruz –400 kilómetros al este de Ciudad de México–, junto a un mensaje que afirmaba que todos los cadáveres pertenecían a miembros del cártel. Otros 14 cuerpos aparecieron el jueves en diversos puntos de la misma zona, con los fiscales ya reunidos.
Ante esta reivindicación indirecta de las matanzas en Veracruz, el Gobierno federal reiteró que cualquier «expresión al margen de la ley que pretenda erigirse en combatiente del crimen carece de legitimidad necesaria y con independencia de la causa o motivación, enfrentará la fuerza del Estado», dijo ayer el secretario de Gobernación, Francisco Blake, en un mensaje a los medios.
También afirmó que «el Gobierno Federal combate por igual y sin distingo alguno a cualquier grupo delictivo». «En el Estado mexicano no hay cabida para la manifestación o acción de persona, grupo u organización que atente o violente el Estado de Derecho, independientemente de su causa, motivación o finalidad», dijo la Fiscalía en un comunicado.
Sin embargo, el fenómeno paramilitar está en ascenso. En algunos casos es la propia población la que se organiza en los barrios para detener a los delincuentes, y en otros, son las familias pudientes del país las que contratan grupos armados.
Muchos de estos mercenarios son soldados israelíes, ex combatientes de Irak y Afganistán, o miembros de Blackwater –empresa americana que operó en Irak y ahora se llama Xe Services–.
En otros casos, son los propios alcaldes los que fomentan estos grupos. Mauricio Fernández, el alcalde de San Pedro Garza García, el municipio más rico de México, levantó una gran polémica cuando anunció la creación de un grupo paramilitar para garantizar la seguridad en la zona. Seis meses después, el presidente Calderón le obligó a desmantelarlo, pero Fernández presume aún de gobernar el municipio más seguro del país gracias a los ejércitos privados que contrata con el dinero público.
Los Zetas son señalados por algunos de los crímenes más atroces cometidos en medio de la violencia desatada por los operativos antidroga lanzados desde 2006 por el Gobierno y se le atribuyen más de 41.000 asesinatos. Las autoridades han acusado a Los Zetas de, entre otros crímenes, el incendio del casino de Monterrey, que dejó 52 muertos, y de la matanza en 2010 de 71 inmigrantes de El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y Brasil.
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