http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=575912&idseccio_PK=1013Los disc jockeys españoles temen por el futuro de su profesión. En las últimas semanas, se han sucedido en varias ciudades españolas intervenciones policiales en las que las autoridades han interrumpido las sesiones de algunas discotecas para llevar a cabo registros del material musical utilizado por los profesionales. El objetivo ha sido encontrar CD o descargas de mp3 consideradas copias de los originales.
En un primer momento, todo apuntaba a que estos registros policiales se realizaban a instancias de la SGAE (Sociedad General de Autores), pero dicha entidad lo ha desmentido en un comunicado en el que niega su relación con la actuación policial realizada en la sala Low de Madrid. Precisamente, tras registrar este local, se ha puesto a disposición judicial a uno de los disc jockeys más renombrados de España, Iván Pica.
VACÍO LEGAL
Otro de los afectados fue Gabriel Cubero. El 30 de diciembre, la Guardia Civil interrumpió la sesión del Club 25 de Palma de Mallorca y tras cachearle y registrarle, los agentes pretendieron detener al disc jockey por un delito contra la propiedad intelectual al hallar CD grabados, si bien el artista demostró que los propios autores autorizaban a Cubero a pinchar sus músicas.
El problema supera la entendible persecución de la piratería. De hecho, la mayoría de disc jockeys profesionales son autores y asociados a la SGAE, como Cubero y Pica. La dificultad en resolver este asunto parte de la base de que existe un vacío legal, ya que los disc jockeys profesionales trabajan con el formato mp3 en sus sesiones y el circuito internacional de música electrónica es un intercambio de música entre ellos, que generalmente son a su vez autores de los temas. No es, en la mayoría de casos, piratería, sino del funcionamiento peculiar de la escena profesional de la música de baile.
Los disc jockeys se sienten indefensos ante un sistema que no se ha adaptado aún a los tiempos actuales y que persigue precisamente a los autores de estas canciones, es decir, los propios ddj. Este enero hay previstas varias reuniones entre los representantes de los disc jockeys, la SGAE e incluso la policía para hallar una solución legal. Pero sigue la duda: si no fue la SGAE, ¿quién ordenó estas intervenciones policiales? Por lo visto, los registros van a llegar a otras ciudades españolas.
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